Claudio Albertani
México duele. Es verdad que en la desdichada geografía del sufrimiento hay países que están muchísimo peor: Irak, por ejemplo, o Palestina. Sin embargo, en Medio Oriente y en otras partes lo que predomina es el trueno de las armas. Recuerdo un intento que hice, hace algunos años, de explicar la rebelión indígena de Chiapas a unos refugiados pakistaníes que conocí en Europa. Yo hablaba de lo novedoso del mensaje zapatista, del papel de las mujeres alzadas, de los proyectos autonómicos… Nada de esto les pareció pertinente. Sus preguntas eran: "¿con cuántos kalashnikov cuentan? … ¿tienen granadas de fragmentación? … ¿minas antihombre?" Según mis interlocutores, lo único importante era la capacidad ofensiva que, en su caso, podrían desplegar los insurrectos chiapanecos.
Esa anécdota ayuda a entender la tragedia de México, pero también la fuerza de su gente. Aquí, a pesar de condiciones sumamente difíciles y preocupantes niveles de represión gubernamental, los movimientos sociales son, en gran parte, pacíficos. La violencia se halla de una parte sola - la del gobierno - y como bien lo explicó Gandhi, la violencia es el recurso de los débiles.
Este es el primer dato que impresiona al visitante. Cuesta entender el por qué de la enorme desproporción entre la violencia oficial y las demandas sociales. En Oaxaca, los 23 muertos comprobados entre junio y diciembre de 2006 (más un número todavía indeterminado de desaparecidos) están de una parte sola, la de los ciudadanos inconformes. Los 44 mártires de Acteal (diciembre de 2007) no eran peligrosos terroristas, sino gente pacífica, en gran parte mujeres (algunas embarazadas), niños y ancianos que se encontraban de rodillas rezando en una ermita.
Las mujeres vejadas, los adolescentes vapuleados y las dos jóvenes vidas segadas en San Salvador Atenco (mayo de 2006) no representaban una amenaza para la seguridad nacional. Y sin embargo se les aplicó el mismo trato sádico que hemos visto en documentales sobre Abu Grahib.
El doctor Guillermo Selvas y su hija Mariana, recién liberados del penal estatal Molino de Flores, no son peligrosos fanáticos dispuestos a matar, sino personas que prestaban ayuda médica en Atenco y por esta culpa tremenda purgaron un año, ocho meses y quince días de prisión. ¿Bajo qué cargo? Ninguno, pues salieron libres de toda imputación.
"En México hay varios estados de derecho, opina Mariana. Uno es para los pobres y otro para los ricos. Las cárceles están llenas d personas que luchan para darles de comer a sus familias".
Héctor Galindo Ochoa es un joven abogado, asesor jurídico del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), organización campesina que en 2002 ganó una batalla para impedir la expropiación de tierras fértiles al precio de $7.00 por metro cuadrado con el fin de construir un aeropuerto. Junto a Ignacio del Valle Medina, y Felipe Álvarez Hernández purga una condena de 67 (sesenta y siete) años y seis meses en un Penal Federal de Máxima Seguridad por el delito (fabricado) de secuestro equiparado, lo que equivale a una sentencia de muerte.
Duele la pregunta de Magdalena García Durán, indígena otomí, presa un año, seis meses y cinco días, por haber estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. "¿Dónde está el derecho? ¿Es justo estar presa sin saber de qué se me acusa?"
Palabras terribles en su desnudez. Palabras que resumen la condición de su gente, los pueblos originarios, cuya sensibilidad y creatividad admiraron poetas de la talla de Benjamín Peret: "en México – escribió - cualquier hombre, por humilde que sea su condición, encierra un sentido artístico que sólo pide condiciones favorables para desarrollarse. Su amor por las flores –que puede verse en la puerta o en la ventana de la más miserable casucha- es la manifestación elemental y más obvia de este sentido. Por lo demás, si el sentido artístico no estuviera tan generalizado, no podría explicarse el magnífico florecimiento de un arte popular de inaudita variedad y riqueza que maravilla al visitante más distraído de cualquier trivial mercado mexicano".
En el México de principio de milenio, el amor por las flores es un delito imperdonable, pues la masacre de Atenco tiene en su origen la solidaridad que integrantes del FPDT expresaron precisamente a unos vendedores de flores injustamente desalojados en Texcoco.
"La ley más que para proteger derechos sirve para negociar privilegios", explica Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, defensor jurídico de San Pedro Yosotato, Oaxaca, una comunidad que, desde hace años, lucha por la preservación de sus derechos agrarios y donde todos los padres de familia (además del propio López Bárcenas) cuentan con orden de aprensión. En Yosotato, el último homicidio tiene poco más de un mes. El 24 de diciembre de 2007, Placido López Castro, líder indígena e hijo del Señor Marcial Salvador López Castro, presidente de bienes comunales, fue acribillado por tres personas armadas.
Chiapas, Atenco, Oaxaca. He aquí tres heridas abiertas. No son las únicas. Están, también, los 155 desaparecidos de los último quince años. Están las cientos de mujeres masacradas en Juárez (y en otra partes) por el delito de ser pobres y trabajadoras. Está el regreso de la guerra sucia con el secuestro-desaparición de dos militantes del EPR. Están las detenciones ilegales que - según el Foro Presas políticas y sistema de justicia penal, organizado el 24 de enero por estudiantes de la UNAM y la Escuela Nacional de Antropología e Historia - de inicios de los 90 a finales del año pasado, "en números conservadores", fueron 1,718, de los cuales 1,480 ya fueron liberados y 238 aún permanecen en prisión. Y están los 267 luchadores sociales encarcelados desde el principio del régimen de Calderón (en el de Vicente Fox fueron 614).
Esta es la realidad que enfrenta la Comisión Civil Internacional por la Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) en su sexta visita al país. Nacida en Europa poco después de la masacre de Acteal, esta organización lleva diez años luchando contra la impunidad y la violencia oficial. Está integrada por especialistas en diferentes disciplinas y se ha ganado a pulso un prestigio que el gobierno ya no se atreve a cuestionar.
"Una visita muy oportuna, explica el padre Miguel Concha, veterano defensor de lo derechos humanos. Una visita – sigue el también presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria - que se da en un momento crucial. El ejército patrulla las calles, los grupos paramilitares siguen activos en Chiapas y en otros lados. El gobierno fomenta la violencia intercomunitaria solapando conflictos agrarios. Tenemos en la puerta una reforma judicial que, si se aprueba, va a criminalizar todavía más la protesta social pues legaliza los allanamientos sin orden jurídico y conculca la libertad de expresión y asociación".
Sí México duele. "La violencia gubernamental es tan común que ya pasa desapercibida. La apatía y el mal gobierno son fórmulas mágicas para que todo siga igual", precisa el doctor Selvas. Ojalá y la visita de la CCIODH ayude a romper ese círculo vicioso.
